SANTO DOMINGO, D. N. - El proceso de reforma del régimen penitenciario en la República Dominicana fue presentado en Viena, junto al de Costa Rica, como un “caso notable” en América Latina y el Caribe que en tan sólo cinco años ha logrado obtener impactantes resultados para enfrentar el problema del hacinamiento en los recintos penitenciarios y garantizar el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales de los internos.La presentación fue efectuada por el señor Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), durante el “Taller sobre Reforma Penal y Sobrepoblación Penitenciaria” realizado en el marco del 18° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que celebrado en Viena.
El funcionario destacó que el éxito del sistema en el país se debe en primer lugar a la voluntad política mostrada por las autoridades dominicanas al nivel más alto de gobierno para instalar la reforma penitenciaria. Asimismo, resaltó que en el país se está llevando a cabo una reforma integral de todo el sistema carcelario al que se van incorporando gradualmente los distintos centros penitenciarios, y que el proceso en República Dominicana ha reflejado una “utilización muy prudente e inteligente de los recursos públicos”.Como un punto esencial señaló además la creación en la República Dominicana de la carrera penitenciaria profesional y el establecimiento de una escuela de capacitación penitenciaria que selecciona y entrena a todo el personal que ingresa y que brinda continuamente capacitación de servicio.
El experto concluyó afirmando que el sistema carcelario de República Dominicana, al igual que el de Costa Rica, “merecen una mirada atenta por parte de terceros países, pues con las adecuaciones que fuere menester, pueden servir de orientación muy valiosa en los procesos horizontales de transferencia de conocimientos” sobre el tema de reforma y modernización penitenciaria.
En el encuentro la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del país estuvo representada por el señor Antonio Picel, subsecretario de Estado de Interior y Policía; Julio Aníbal Fernández, subsecretario de Estado de Hacienda; Juan Cedano, en representación de la Procuraduría General de la República; Manuel Herrera, representante de la Mesa Interinstitucional Antinarcóticos, así como por el embajador Ramón Quiñones, la ministra consejera Wendy Olivero, y la consejera Rodde Severino de la Misión Permanente en Viena.
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