Santo Domingo.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, anunció este martes que trabajan en un protocolo para la detección de casos de acoso sexual en los ámbitos laborales públicos y privados, para procurar las sanciones que contempla la ley, sea prisión o multa económica.
El doctor Jiménez Peña hizo el anuncio durante una reunión que sostuvo con la ministra de la Mujer, licenciada Alejandrina Germán, de quien escuchó sus preocupaciones en torno al tema.
Declaró que trabajan para que las víctimas de esa situación se sientan protegidas, y motivó a las afectadas a denunciar sus casos y a que reclamen sus derechos ante la justicia.
En ese orden, dijo que las acciones son coordinadas por la procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, doctora Roxanna Reyes, junto al Ministerio de la Mujer y otros organismos que trabajan con esos casos
En el encuentro el Ministerio de la Mujer presentó un informe con los resultados del acoso sexual y moral de que son víctimas las mujeres en el trabajo. “El objetivo es escuchar sugerencias y comentarios, para luego tomar medidas concretas que enfrenten la situación tanto en el sector público como privado”, manifestó la ministra Germán.
Tras recibir un ejemplar de la investigación levantada sobre el tema, el procurador general de la República dijo que estudiará el documento para determinar los puntos en que debe actuar el Ministerio Público como garante de los derechos del ciudadano.
Reiteró que en otros países se ha avanzado mucho en el tema, y que en el país se debe propugnar para que se cumpla la ley, al tiempo de afirmar que no recibe la connotación que merece.
“Es la primera vez que se aborda el tema desde esta perspectiva, y entendemos que debe darse la importancia que merece, ya que nosotros somos una sociedad evidentemente machista”, puntualizó.
“Con esos actos se ejerce también violencia contra las mujeres”, expresó, al tiempo de advertir que es una realidad latente en los ámbitos de la administración pública y privada.
Destacó que muchas mujeres se limitan a denunciar el caso porque al hacerlo, en la empresa o institución, se le niegan los derechos que le corresponden como empleada.
El estudio fue presentado por Magaly Pineda y Carmen Julia Gómez del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
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