Santo Domingo.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, dispuso este martes el arresto de la fiscal titular de Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto Plata, Miltria Vereniz Cruz, e instruyó para que este miércoles sea solicitada medida de coerción en su contra tras ser sorprendida infraganti extorsionando a un comerciante del municipio La Isabela.
El magistrado Jiménez Peña instruyó al procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Félix Álvarez, que inicie el proceso judicial luego la denuncia de extorsión presentada por el comerciante Luis Manuel Díaz Corniel.
“En el Ministerio Público no hay espacio para funcionarios que incurran en corrupción y el que se equivoque, sin ninguna contemplación, tendrá que enfrentar a la justicia”, dijo el procurador Jiménez Peña.
La a señora Vereniz Cruz, de acuerdo a la denuncia de Díaz Corniel, le había solicitado RD$60,000 pesos para reabrir el centro de diversión “Car Wash Jorge”, que había cerrado la madrugada del domingo pasado por permitir la entrada de menores de edad.
El domingo al amanecer, en su oficina, la fiscal Vereniz Cruz le pidió los RD$60,000 al comerciante Díaz Corniel , pero al éste decirle que no disponía del dinero, le dijo que sólo le cobraría RD$30,000. En esa ocasión el comerciante le entregó RD$15,000, y le prometió para el otro día, lunes, los RD$15,000 restantes.
Díaz Corniel presentó el lunes la denuncia ante el magistrado Álvarez, superior jerárquico de Vereniz Cruz, quien logró que se pospusiera la entrega para la tarde de este martes para contar con la autorización de un juez para allanar su oficina y tener tiempo para coordinar la investigación de arrestarla infraganti.
El magistrado Álvarez dijo que en el allanamiento a la oficina de Vereniz Cruz encontraron los RD$15,000 que previamente le había entregado el comerciante Díaz Corniel. Afirmó que tienen suficientes evidencias y testigos para enviarla a juicio.
El delito en que ha incurrido la señora Vereniz Cruz ha sido tipificado como Concusión, que es cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución.
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