COOPERATIVISMO Y REFORMA CONSTITUCIONAL

Por Víctor Cruz

¿No es aquí donde aparecen los límites radicales de la economía? La actividad económica, que ciertamente es necesaria, puede, si está al servicio del hombre, ser fuerte de fraternidad y signo de Providencia divina, es ella que da ocasión a los intercambios concretos entre los hombres, al reconocimiento de derechos, a la prestación de servicios, y a la afirmación de la dignidad del trabajo. Terreno frecuentemente de enfrentamiento y de dominio, puede dar origen al diálogo y suscitar la cooperación.

Sin embargo, corre el riesgo de absorber excesivamente las energías de la libertad.

Por eso, el paso de la economía a la política es necesario. Ciertamente, el término “política” suscita muchas confusiones que deben ser esclarecidas. Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico – tanto nacional como internacional – la decisión última corresponde al poder político.

Este poder político, que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realización del Bien Común. Respetando las legítimas libertades de los individuos, de las familias y de los grupos subsidiarios, sirve para crear eficazmente y en provecho de todos las condiciones requeridas para conseguir el bien autentico, y completo del hombre, incluido su destino espiritual.

Se despliega dentro de los límites propios de su competencia, que pueden ser diferentes según los países y los pueblos. Interviene siempre movido por el deseo de la justicia y la dedicación al Bien Común, del que tiene la responsabilidad.

Demandamos una constitución de la República que establezca:

· Un régimen económico plural, que reconozca las diferentes formas de propiedad: pública, privada y social; así como las distintas formas de organización económica: privada, estatal, mixta, popular y solidaria.
· La distribución del ingreso y la riqueza, como garantía del desarrollo humano sostenible.
· La función social como el límite a cualquier iniciativa económica.
· La responsabilidad de todos los sectores económicos: público, privado y social, en el desarrollo económico nacional, tendente al incremento del bienestar social y al trabajo digno para toda la clase trabajadora.
· El fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía alimentaria.
· La protección estatal del derecho al trabajo y reconocimiento de todas las modalidades de trabajo: en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad.
· El deber estatal de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro o el consumo.
· La garantía estatal a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad, factores de producción y mercados de trabajo, impulsando políticas especiales dirigidas a erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito económico.

OTRAS PROPUESTAS

· El Estado debe impulsar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios transparentes y eficientes.
· El Estado establecerán un marco regulatorio para el funcionamiento del sector de la economía solidaria.
· El reconocimiento y la garantía del derecho al trabajo bajo todas las modalidades: en relación de dependencia o autónomo, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano, como actores sociales productivos a todas/todos los/las trabajadores/as.
· El Estado debe fomentar la creación y el desarrollo de la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las empresas rurales, asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo.
· Incorporar la democratización de los factores de la producción, mediante el fomento a la producción nacional, el acceso de las mujeres a los factores de producción y evitando el acaparamiento de los factores de producción.