SANTO DOMINGO, D. N.- La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió esta tarde a la justicia a José Lois Malkún y Félix Calvo, ex gobernador y vicegobernador del Banco Central, así como al ex gerente César Apolinar Veloz y el ex consultor jurídico, Manuel Rubio Cristóforis, por la distracción de valores pertenecientes a esa entidad bancaria ascendentes a la suma de Diez Mil Seiscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Pesos Oro (RD$10,663,341,000.00), representados en cartera del desaparecido Bancrédito S.A., para lo cual fue suscrito el contrato de fecha 02 de julio de 2003.
Mediante instancia dirigida por el licenciado Hotoniel Bonilla García, director de la DPCA, a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional narra que luego de que el Banco Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito), presentó serios problemas de liquidez, que posteriormente se transformaron en una situación de insolvencia y con ello degeneró en el colapso total de esa entidad de intermediación financiera, el Banco Central proporcionó a dicha entidad una serie de facilidades, a través de adelantos y redescuentos, cuyo monto total es superior a los veinte mil millones de pesos (RD$20,000,000.00), muchos de los cuales fueron entregados en violación a la Ley 183-02, Monetaria y Financiera.
El sometimiento fue hecho atendiendo a una denuncia del Banco Central. La DPCA señala en su acusación que en fecha 2 del mes de julio del año 2003, como una consecuencia de la venta de los negocios bancarios y financieros, por parte de GFN, fue suscrito el denominado Contrato Tripartito, entre el Banco Central, representado por el imputado José Lois Malkún, como avalista de compromisos extraterritoriales de entidades vinculadas, lo que está expresamente prohibido por la referida norma; que como consecuencia de esa operación fueron entregados dieciocho (18) pagarés por un monto total de diez mil seiscientos sesenta y tres millones trescientos cuarenta y un mil pesos oro (RD$10,663,341,000.00) relativos a los títulos de las carteras de crédito de las diferentes empresas vinculadas a Bancrédito, S. A. que estaban siendo adquiridas por el Estado a través de esa entidad.
Sin embargo, en fecha 11 de julio de 2003, los mismos fueron sustraídos de los archivos del Banco Central y utilizados para favorecer a particulares que los han usado para saldar otras acreencias en perjuicio del interés público. La referida distracción se produjo a través de maniobras fraudulentas abusando de las funciones públicas que desempeñaron, sin que antes se desembolsaran en provecho de esa entidad, suma alguna, correspondiente a la obligación que mantenían, dejando al Estado dominicano desprovisto de los instrumentos bancarios y legales eficaces para poder exigir, reclamar y/o ejecutar los valores públicos utilizados por el imputado José Lois Malkún en provecho de particulares.
Agrega la DPCA que en adición a todo lo dicho precedentemente, ni los imputados José E. Lois Malkún y Félix Calvo Peralta, en sus calidades de gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, y menos aún los coencartados Manuel Rubio Cristóforis y César Apolinar Veloz de la Rosa, tenían la calidad legal para desapoderarse de los valores públicos a que se contrae la acusación, y que sólo la Junta Monetaria tenía esa calidad, previo a la verificación inequívoca de que las contingencias provocadas y que dieron lugar a la existencia de los referidos títulos bancarios, habían sido satisfechas en beneficio del interés público, expresado en el Banco Central, lo que nunca ha ocurrido.
Asimismo, indica que como consecuencia de las acciones ilícitas en que incurrieron los funcionarios del Banco Central, los terceros beneficiarios del resultado de la misma, procedieron a maniobrar contra la entidad estatal que representaron. En ese sentido, los referidos pagarés fueron “cedidos” a una alegada empresa denominada Artag Meridian, LTD.
En otra parte de la instancia firmada por Bonilla García, en el curso de la investigación quedó establecido que el señor José Lois Malkún, otorgó como “Facilidades de Liquidez” a Bancrédito, S.A. durante el período 1º de agosto de 2002 hasta el 03 de noviembre de 2003 la suma de doce mil novecientos veintiún millones seiscientos mil pesos (RD$12,921,600,000.00), de los cuales, la suma de ocho mil quinientos treinta y nueve millones de pesos (RD$8,539,000,000.00), fueron entregados en violación a la Ley 183-02 en su artículo 33, letra a) que obliga a los funcionarios del Banco Central a cumplir con los límites impuestos en dicha norma.
La DPCA solicita al juez apoderado dictar Auto de Apertura a juicio, acoger en su totalidad la acusación formulada contra los señores José Enrique Lois Malkún, Félix Calvo Peralta, César Apolinar Veloz de la Rosa y Manuel Rubio Cristóforis por prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y Abuso de Confianza, en violación a los Artículos 102 de la Constitución, 147, 148, 166, 167, 171, 172, 173, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, 15, 16 y 33, literales “a” y “b”, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, en perjuicio del Estado dominicano.
Mediante instancia dirigida por el licenciado Hotoniel Bonilla García, director de la DPCA, a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional narra que luego de que el Banco Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito), presentó serios problemas de liquidez, que posteriormente se transformaron en una situación de insolvencia y con ello degeneró en el colapso total de esa entidad de intermediación financiera, el Banco Central proporcionó a dicha entidad una serie de facilidades, a través de adelantos y redescuentos, cuyo monto total es superior a los veinte mil millones de pesos (RD$20,000,000.00), muchos de los cuales fueron entregados en violación a la Ley 183-02, Monetaria y Financiera.
El sometimiento fue hecho atendiendo a una denuncia del Banco Central. La DPCA señala en su acusación que en fecha 2 del mes de julio del año 2003, como una consecuencia de la venta de los negocios bancarios y financieros, por parte de GFN, fue suscrito el denominado Contrato Tripartito, entre el Banco Central, representado por el imputado José Lois Malkún, como avalista de compromisos extraterritoriales de entidades vinculadas, lo que está expresamente prohibido por la referida norma; que como consecuencia de esa operación fueron entregados dieciocho (18) pagarés por un monto total de diez mil seiscientos sesenta y tres millones trescientos cuarenta y un mil pesos oro (RD$10,663,341,000.00) relativos a los títulos de las carteras de crédito de las diferentes empresas vinculadas a Bancrédito, S. A. que estaban siendo adquiridas por el Estado a través de esa entidad.
Sin embargo, en fecha 11 de julio de 2003, los mismos fueron sustraídos de los archivos del Banco Central y utilizados para favorecer a particulares que los han usado para saldar otras acreencias en perjuicio del interés público. La referida distracción se produjo a través de maniobras fraudulentas abusando de las funciones públicas que desempeñaron, sin que antes se desembolsaran en provecho de esa entidad, suma alguna, correspondiente a la obligación que mantenían, dejando al Estado dominicano desprovisto de los instrumentos bancarios y legales eficaces para poder exigir, reclamar y/o ejecutar los valores públicos utilizados por el imputado José Lois Malkún en provecho de particulares.
Agrega la DPCA que en adición a todo lo dicho precedentemente, ni los imputados José E. Lois Malkún y Félix Calvo Peralta, en sus calidades de gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, y menos aún los coencartados Manuel Rubio Cristóforis y César Apolinar Veloz de la Rosa, tenían la calidad legal para desapoderarse de los valores públicos a que se contrae la acusación, y que sólo la Junta Monetaria tenía esa calidad, previo a la verificación inequívoca de que las contingencias provocadas y que dieron lugar a la existencia de los referidos títulos bancarios, habían sido satisfechas en beneficio del interés público, expresado en el Banco Central, lo que nunca ha ocurrido.
Asimismo, indica que como consecuencia de las acciones ilícitas en que incurrieron los funcionarios del Banco Central, los terceros beneficiarios del resultado de la misma, procedieron a maniobrar contra la entidad estatal que representaron. En ese sentido, los referidos pagarés fueron “cedidos” a una alegada empresa denominada Artag Meridian, LTD.
En otra parte de la instancia firmada por Bonilla García, en el curso de la investigación quedó establecido que el señor José Lois Malkún, otorgó como “Facilidades de Liquidez” a Bancrédito, S.A. durante el período 1º de agosto de 2002 hasta el 03 de noviembre de 2003 la suma de doce mil novecientos veintiún millones seiscientos mil pesos (RD$12,921,600,000.00), de los cuales, la suma de ocho mil quinientos treinta y nueve millones de pesos (RD$8,539,000,000.00), fueron entregados en violación a la Ley 183-02 en su artículo 33, letra a) que obliga a los funcionarios del Banco Central a cumplir con los límites impuestos en dicha norma.
La DPCA solicita al juez apoderado dictar Auto de Apertura a juicio, acoger en su totalidad la acusación formulada contra los señores José Enrique Lois Malkún, Félix Calvo Peralta, César Apolinar Veloz de la Rosa y Manuel Rubio Cristóforis por prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y Abuso de Confianza, en violación a los Artículos 102 de la Constitución, 147, 148, 166, 167, 171, 172, 173, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, 15, 16 y 33, literales “a” y “b”, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, en perjuicio del Estado dominicano.
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