Participa en IV Congreso Internacional de los Ministros de Justicia que se celebra en esa nación
Roma, Italia.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, participa en el IV Congreso Internacional de los Ministros de Justicia, que se celebra aquí, con el tema: “De la moratoria a la abolición de la pena capital”, donde planteó la necesidad de que todos los Estados se sumen a la abolición general de la pena de muerte, tras considerar que con su aplicación se pueden cometer muchas injusticias, en cuyo caso sus consecuencias son irremediables.“A pesar de todas las criticas pertinentes a los sistemas democráticos, nos encontramos precisamente en la fase histórica de consolidación de verdaderos Estados de Derecho, en donde las leyes penales se inclinan por el principio resocializador de la persona que delinque, promoviendo incluso grandes reformas en los sistemas penitenciarios”, manifestó el procurador.
En ese sentido, precisó que en la Republica Dominicana le ha tocado impulsar, como cabeza del sistema penitenciario, la instauración de un nuevo modelo penitenciario, cuyo concepto sociojurídico y humanista establece como objetivo primordial la resocialización de la persona, a través de diversos programas y actividades productivas que forman al interno.El congreso lo promueve la comunidad de Sant´Egidio y se celebra en el Aula della Protomoteca del Campidoglio. En éste participan 23 países, tanto abolicionistas como mantenedores, de África, Asia y América, y 28 personalidades políticas y de la sociedad civil, entre ellas, 13 ministros de Justicia, parlamentarios, jueces de Cortes Supremas, así como fiscales.
El magistrado Jiménez Peña expresó que abolir la pena de muerte significa poder romper el círculo de la violencia, al tiempo de plantear que se pueden proponer respuestas más humanas y más ricas de esperanzas.
Asimismo, especificó que la abolición es testimonio de que se tiene la convicción de que Dios es el dador de la vida, y que ésta se ajusta al ejemplo de Jesús, quien predicó y enseñó el perdón de la injusticia.
“Precisamente, si hoy proclamamos el valor y dignidad de la vida humana, no sólo en el ámbito moral, sino jurídico, es incoherente que en la práctica pongamos limitaciones a ese derecho fundamental”, opinó.
El magistrado Radames Jiménez expuso que si bien es cierto que se vive en sociedades cada vez más violentas, donde matar a otra persona se contempla con una dosis excesiva de normalidad, se debe cada día promover, contra viento y marea, esos valores de tolerancia y perdón.
Dijo que recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una investigación sobre la relación de la pena de muerte y los índices de homicidios, llegando a la conclusión de que el uso de la pena de muerte no tiene poder disuasivo frente al crimen en contraposición a otras penas, ya sean, la cadena perpetua o el propio encarcelamiento.
Al justificar su planteamiento de abolir la pena de muerte, el magistrado Jiménez se refirió a numerosos casos que se han producido en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha comprobado que la persona ejecutada no era culpable de la comisión de los hechos que dieron con su muerte.
Al referirse al caso de Republica Dominicana, dijo que la existencia de la pena de muerte estuvo vigente desde la propia proclamación de la Republica en 1844, dando lugar a que la Suprema Corte de Justicia en pleno formara parte de las comisiones militares que ordenaron la ejecución de héroes y próceres por razones políticas e ideológicas, en virtud de articulo 210 de la primera Constitución.
Explicó que la reforma constitucional de 1908 suprimió la pena de muerte por causa de delitos políticos, y ya para la siguiente reforma constitucional de 1924 se consagra el principio de la inviolabilidad de la vida y se descarta para siempre la pena de muerte, la que fue sustituida por la pena de trabajos públicos por la Ley 64 de 1924, siendo esta luego suprimida para convertirse en pena de reclusión, contemplado en la Ley 224 de 1984, que es la que actualmente regula el sistema penitenciario nacional.
El procurador Radhamés Jiménez recordó que el pasado año, con motivo del “Día Internacional contra la Pena de Muerte”, Amnistía Internacional urgió a los países del continente a que se comprometan a abolir esta condena y a respaldar la resolución de moratoria de la pena capital de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debatida en noviembre de ese año, donde unos 106 países votaron a favor del proyecto de dicha resolución.
Refirió que al día de hoy unos 127 países han abolido la pena de muerte, ya sea mediante la aprobación de las leyes para ello, o en la práctica. De éstos precisó, 40 la han abolido para todos los delitos, entre ellos, República Dominicana. Afirmó que una vez abolida es muy poco frecuente que se vuelva a instaurar.
La actividad la encabezan Mario Marazziti, portavoz de la comunidad de Sant´Egidio; el Cardenal Renato Raffaele, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz; Nicola Mancino, vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura; Anche Jeffery Thamsanga Radebe, ministro de justicia de Suráfrica; Enzo Scotti, subsecretario del ministro de asuntos exteriores; Marco Impagliazzo, presidente de la comunidad de Sant´Egidio; el procurador dominicano, Radhames Jimenez; los ministros de justicia de Costa Rica, Viviana Martin Salazar; Sudafrica, Jeff Radele; Mamadou Ndiay, de Senega; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Jorge Larrieux; el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Humberto Luna y el defensor del Pueblo de Ecuador, Fernando Gutiérrez.
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