SANTO DOMINGO, D. N.- La Procuraduría General de la República presentó un proyecto con las políticas de persecución penal del Ministerio Público, para la solución efectiva de los conflictos y el abordaje de la criminalidad, elaborado por el Comité de Seguimiento a la Gestión del Ministerio Público, la Dirección Nacional de ese organismo y su Escuela Nacional.
“La importancia de dar un abordaje único a las diferentes manifestaciones de la criminalidad, y del establecimiento de políticas claras de persecución, radica en el grado de eficacia a alcanzar en la labor de los miembros del Ministerio Público, además del incremento en su capacidad de respuesta en la persecución penal de los crímenes y delitos”, explicaron los referidos organismos.
El proyecto estará coordinado por la doctora Paula Ramírez Barbosa, jurista colombiana y consultora internacional especialista en derecho penal, quien tiene una vasta experiencia en el diseño de estrategias de política criminal en su país.
El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, como responsable de la política criminal del Estado, ha asumido como uno de sus principales compromisos el combate de las acciones delictivas.
Dentro de esa política de combate a la delincuencia y el crimen organizado ha dotado al Ministerio Público de las herramientas y estructuras necesarias para un desempeño más idóneo. En ese orden, creó recientemente la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, además de que está implementando un Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía, el cual opera de manera simultánea con el proyecto Justicia Siglo XXI, que incluye además del remozamiento de la planta física, el equipamiento con apoyo tecnológico.
Asimismo, entre otras acciones, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público se imparte un novedoso programa, dirigido a fortalecer la formación de los fiscales, para que puedan cumplir con su rol de manera más efectiva ante nuevo Código Procesal Penal.
La actividad estuvo presidida por el procurador Radhamés Jiménez Peña, el director Nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira; el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Núñez; Thalía Goldberg, del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía, y la jurista Ramírez Barbosa.
Igualmente, estuvieron presentes los fiscales extranjeros que cursan el XV Programa Extraordinario de Formación (PEF), entre los que figuran: Marco Tulio Chiang Villanueva, fiscal de la ciudad de Quevedo, Ecuador; Ana Beatriz Navarro Esparragoza, fiscal nacional de Venezuela; Guillermo Mauricio Richards Hormazabal, fiscal adjunto jefe de Chile, y Yamileth Yuil Navarro, abogada asistente de Panamá.
Espiñeira explicó que la iniciativa de la Procuraduría General de la República surge de la necesidad de establecer políticas claras y uniformes de persecución penal para la solución de los conflictos y el abordaje de la criminalidad a nivel nacional.
Mientras que la jurista Ramírez Barbosa, al presentar el proyecto, dijo éste redundará en beneficio del país y que servirá de modelo para los demás países de la región.
El proyecto consta de varias fases, la primera de las cuales es la de identificación de las políticas actuales, analizadas en el taller, celebrado en la sede de la Procuraduría, y en el que participaron los principales responsables de la persecución penal a nivel nacional, con el objetivo de detectar los principales problemas que los fiscales encuentran en la solución de los casos que se le presentan, de acuerdo a los delitos de mayor incidencia.
Se prevé, asimismo, la realización de talleres sectoriales, por distrito judicial, a los fines de definir las soluciones a los problemas planteados en este primer encuentro, a través de la metodología de grupos focales. Posteriormente, se procederá a la sistematización de los resultados obtenidos en los diferentes talleres con miras a la elaboración de un Manual sobre Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público, a ser presentado en el marco de la Segunda Conferencia Nacional del Ministerio Público a finales de este año.
En la actividad participaron procuradores generales adjuntos, de cortes de apelación y fiscales, en otros miembros del Ministerio Público.
“La importancia de dar un abordaje único a las diferentes manifestaciones de la criminalidad, y del establecimiento de políticas claras de persecución, radica en el grado de eficacia a alcanzar en la labor de los miembros del Ministerio Público, además del incremento en su capacidad de respuesta en la persecución penal de los crímenes y delitos”, explicaron los referidos organismos.
El proyecto estará coordinado por la doctora Paula Ramírez Barbosa, jurista colombiana y consultora internacional especialista en derecho penal, quien tiene una vasta experiencia en el diseño de estrategias de política criminal en su país.
El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, como responsable de la política criminal del Estado, ha asumido como uno de sus principales compromisos el combate de las acciones delictivas.
Dentro de esa política de combate a la delincuencia y el crimen organizado ha dotado al Ministerio Público de las herramientas y estructuras necesarias para un desempeño más idóneo. En ese orden, creó recientemente la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, además de que está implementando un Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía, el cual opera de manera simultánea con el proyecto Justicia Siglo XXI, que incluye además del remozamiento de la planta física, el equipamiento con apoyo tecnológico.
Asimismo, entre otras acciones, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público se imparte un novedoso programa, dirigido a fortalecer la formación de los fiscales, para que puedan cumplir con su rol de manera más efectiva ante nuevo Código Procesal Penal.
La actividad estuvo presidida por el procurador Radhamés Jiménez Peña, el director Nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira; el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Núñez; Thalía Goldberg, del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía, y la jurista Ramírez Barbosa.
Igualmente, estuvieron presentes los fiscales extranjeros que cursan el XV Programa Extraordinario de Formación (PEF), entre los que figuran: Marco Tulio Chiang Villanueva, fiscal de la ciudad de Quevedo, Ecuador; Ana Beatriz Navarro Esparragoza, fiscal nacional de Venezuela; Guillermo Mauricio Richards Hormazabal, fiscal adjunto jefe de Chile, y Yamileth Yuil Navarro, abogada asistente de Panamá.
Espiñeira explicó que la iniciativa de la Procuraduría General de la República surge de la necesidad de establecer políticas claras y uniformes de persecución penal para la solución de los conflictos y el abordaje de la criminalidad a nivel nacional.
Mientras que la jurista Ramírez Barbosa, al presentar el proyecto, dijo éste redundará en beneficio del país y que servirá de modelo para los demás países de la región.
El proyecto consta de varias fases, la primera de las cuales es la de identificación de las políticas actuales, analizadas en el taller, celebrado en la sede de la Procuraduría, y en el que participaron los principales responsables de la persecución penal a nivel nacional, con el objetivo de detectar los principales problemas que los fiscales encuentran en la solución de los casos que se le presentan, de acuerdo a los delitos de mayor incidencia.
Se prevé, asimismo, la realización de talleres sectoriales, por distrito judicial, a los fines de definir las soluciones a los problemas planteados en este primer encuentro, a través de la metodología de grupos focales. Posteriormente, se procederá a la sistematización de los resultados obtenidos en los diferentes talleres con miras a la elaboración de un Manual sobre Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público, a ser presentado en el marco de la Segunda Conferencia Nacional del Ministerio Público a finales de este año.
En la actividad participaron procuradores generales adjuntos, de cortes de apelación y fiscales, en otros miembros del Ministerio Público.
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