Su presentación es indispensable para hacer efectiva la elección o designación de los funcionarios y contempla sanciones de 5 a 10 años de prisión por incremento de patrimonio de forma evidente y una multa equivalente al duplo del monto incrementado
SANTO DOMINGO, D. N.- La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) presentó un nuevo proyecto de ley de declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, que obliga a los funcionarios a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por un notario público, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su cónyuge, sin el cual no se hará efectiva su designación o elección.
Igual requisito deberán cumplir a los dos años de su desempeño y en un plazo no mayor de quince días después de haber cesado en sus funciones. De acuerdo al proyecto la nueva ley deroga y sustituye la Ley 82-79, del 16 de diciembre de 1979, y cualquier otra disposición legal, especial o general que le sea total o parcialmente contraria.
El incremento del patrimonio en forma evidente y excesiva se constituirá en el primer elemento de la infracción especial de enriquecimiento ilícito, la cual conlleva sanciones de 5 a 10 años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto incrementado y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 2 a 10 años, según la gravedad y naturaleza del caso.
La información se dio a conocer una rueda de prensa que estuvo encabezada por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, y el director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), licenciado Hotoniel Bonilla, quien tuvo a su cargo la presentación del proyecto al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, licenciado Francisco Domínguez Brito.
Igualmente, estuvo presidido por el representante del Banco Mundial en República Dominicana, Roby Senderowitsch; el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Pablo del Rosario; el director del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), doctor Marcos Villamán, y el coordinador general de Participación Ciudada (PC), Samir Chami Isa.
El procurador Radhamés Jiménez tras ponderar los beneficios del proyecto, declaró que con la nueva ley le harán frente de manera más efectiva al que calificó como uno de los más grandes flagelos, como es el de la corrupción.
Tras indicar que esa ley facilitará el sometimiento de los funcionarios públicos que atenten contra el patrimonio del Estado, aseguró que la harán cumplir una vez sea promulgada.
A presentar el contenido del reglamento, el licenciado Hotoniel Bonilla dijo que la República Dominicana contará con un documento actualizado, que le garantizará mayor eficiencia en el combate de la corrupción.
Mientras que el presidente del Banco Mundial, Roby Senderowitsch, consideró el proyecto como un elemento fundamental de transparencia que contribuirá al desarrollo del país.
De su lado el licenciado Francisco Domínguez Brito al manifestar su apoyo al proyecto, aseguró que esa nueva ley será muy efectiva en la lucha contra la corrupción.
El Banco Mundial estuvo representado en el evento por Roby Senderowitsch, representante residente en el país. Según el representante del organismo multilateral “las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos son un elemento fundamental de la transparencia en la administración pública que le brinda a los ciudadanos una herramienta para la rendición de cuentas”. El Banco Mundial viene apoyando al país con este tipo de iniciativas en base al pilar cuatro de la Alianza Estratégica con República Dominicana sobre desarrollo institucional, ya que la buena gobernabilidad contribuye al desarrollo de los países.
Todos los funcionarios estarán en la obligación de suministrar a la Cámara de Cuentas y a la DPCA toda la información requerida para los fines de la aplicación de la ley en los plazos indicados, y en caso contrario, se impondrán sanciones que conllevan pena correccional desde tres meses a un año de prisión.
El proyecto indica que la Cámara de Cuentas será el organismo competente para decidir las cuestiones administrativas y de cumplimiento de esa ley. Además, especifica que los funcionarios obligados a presentar la declaración jurada de bienes y no lo hagan en los plazos previstos en la ley, serán sancionados con la retención de sus salarios y la imposición de una multa igual al salario que perciban como funcionario del Estado.
Entre los funcionarios que deberán cumplir con la declaración jurada de bienes, figuran: el Presidente de la República, los senadores y diputados, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los demás jueces del orden judicial, el Procurador General de la República, sus adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público y los secretarios y subsecretarios de Estado.
El nuevo proyecto de ley también precisa que los funcionarios del Estado condenados por la infracción de enriquecimiento ilícito, les serán secuestrados y decomisados los bienes que constituyen el incremento de su patrimonio, que se haya determinado es el producto de las infracciones que provocaron dicho enriquecimiento.
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario