SANTO DOMINGO, D. N.- Los Organismos de Integración del Sector Cooperativo de la República Dominicana, fijo su posición en aras de conservar a la cooperativa COOPFALCONDO, que es un patrimonio de la comunidad de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, han procurado una solución consensuada al conflicto que fuera creado por la anterior autoridad del IDECOOP, la que, a espaldas de las buenas prácticas y principios de gobernabilidad, hizo transformar una diferencia de enfoque interno de dirigentes de COOPFALCONDO en un problema construido bajo el ardid de presuntas “irregularidades administrativas”, que en esencia fueron inexistentes; pues la política de la anterior administración del IDECOOP en el caso COOPFALCONDO, simplemente procuraba favorecer a una parte.
Los ex directivos de COOPFALCONDO, hoy reivindicados en sus derechos por la Resolución No. 2091-2008, emitida el 18 de junio de 2008, por la Suprema Corte de Justicia, fueron objeto de imputaciones carentes de veracidad que procuraban separarlos de sus legítimas funciones; cuando de conformidad con el Artículo 64, del Reglamento No. 623-86, Aplicación de la Ley No.127-64, fue practicada una auditoría por una Firma Auditores Externos Independientes en la que no se estableció ninguna “irregularidad administrativa” que comprometiera su responsabilidad penal, ni civil, ni que justificara las actuaciones de la anterior administración del IDECOOP, que vulneró principios fundamentales de una tutela jurídica efectiva.
La anterior autoridad del IDECOOP actuó de espaldas a la ley y abandonó su rol de árbitro, que, en vez de procurar una solución al impasse de gobernabilidad existente, al tenor del artículo 35 del Reglamento No. 62386, de aplicación de la Ley No.127-64, impuso sin razón a quienes actualmente detentan la administración y control de la cooperativa, la cual fue el producto de una intervención violatoria de todos los procedimientos de ley, sin reparar en que sus decisiones iban en detrimento de la colectividad de COOPFALCONDO.
Después de un proceso legal que recorrió instancias judiciales de Monseñor Nouel y La Vega, la Suprema Corte de Justicia ha enunciado como última instancia, que descarga de la acusación imputada a los ex–directivos de COOPFALCONDO, por lo que el Consejo de Directores del IDECOOP, dentro del marco de la Ley Orgánica No. 31-63, del 25 de octubre de 1963, ha sido apoderado para la ejecución de la sentencia que por mandato de la ley ordena la reincorporación en el pleno ejercicio de sus derechos estatutarios a los dirigentes que fueron ilegalmente separados de sus funciones.
Los Organismos de Integración del Sector Cooperativo hicieron la gestión posible para una solución consensuada, procurando evitar la profundización de una crisis innecesaria; pero la actual dirigencia de COOPFALCONDO ha actuado de forma irracional, sin valorar el esfuerzo de mediación, tanto del IDECOOP como del Sector Cooperativo en procura de una salida concertada, fundamentada en la ley hemos gestionado. Es ante esa situación, que el Consejo de Directores del IDECOOP decidió por tercera vez la intervención legal de COOPFALCONDO, para ajustarla a los principios de justicia, equidad y respecto a las normas que rigen el sector cooperativo.
Los Organismos de Integración del Sector Cooperativo Dominicano, respetuosos de la ley, manifestamos públicamente nuestro respaldo al Consejo de Directores del IDECOOP y a su Presidente Administrador Ministro de Estado, Lic. Pedro Corporán, por entender que han actuado apegados a las Normas, por lo que nos solidarizamos con las medidas institucionales adoptadas para la solución sin trauma del conflicto COOPFALCONDO para proteger los derechos de sus asociados, al tiempo que llamamos a los grupos en conflicto a procurar una solución civilizada y consensuada al amparo de la ley.
Todo nuestro interés se resume en la aspiración de preservar la unidad, fortalecimiento institucional y sano desarrollo de COOPFALCONDO como parte de nuestro movimiento cooperativista.
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