Dice vencimiento del plazo constitucional no implica que se deba tener prisa para regular su funcionamiento y organización
SANTO DOMINGO, D. N.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, al fijar la posición institucional con relación al Proyecto de Ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, dijo que la cercanía del vencimiento del plazo constitucional para conocer el proyecto de ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, que vence este lunes, no implica necesariamente que se deba tener más prisa que la que aconseja la prudencia para regular su funcionamiento y organización.
“Ello así porque anticipándonos al inminente agotamiento del plazo, impulsamos, en aplicación de la Constitución, la instalación de un Consejo Superior del Ministerio Público, a título provisional, pero integrado de conformidad con las reglas establecidas por la Constitución, es decir, integrado por miembros que han sido elegidos por sus respectivos pares”, explica el procurador en las cartas 3193 y 3194, dirigidas a los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Estudio del Proyecto de Ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, licenciados Julio César Valentín y Minú Tavárez Mirabal.
“A la hora de cumplir con esa sagrada misión es que apelamos, por su intermedio, a los honorables diputados y diputadas, para que brinden su apoyo a nuestro esfuerzo de dotar al Ministerio Público de una normativa que le permita consolidar los notables logros alcanzados en la implementación de la carrera del Ministerio Público, fortalecer su capacidad de respuesta con un nuevo modelo de organización y atender adecuadamente las distintas misiones que le atribuye el artículo 169 de la carta sustantiva”, expresa.
Resaltó que les mueve el mismo celo que a los honorables legisladores por el respeto a la Constitución y que la integración provisional del Consejo Superior del Ministerio Público no ha sido otra cosa que aplicación directa de la Constitución, la cual se basta a sí misma en cuanto al modo de integración y las funciones principales del Consejo Superior, siendo materia de ley lo relativo a su funcionamiento y organización, cuestiones que están a la espera de lo que soberanamente disponga el Congreso Nacional.
“Como es de su conocimiento, una de las grandes conquistas de la recién proclamada Constitución de fecha 26 de enero de 2010 lo es la constitucionalización de la carrera del Ministerio Público, cristalizándose de ese modo un viejo anhelo de la comunidad jurídica y la sociedad dominicana en general que ha aspirado, con justo derecho, a contar con un cuerpo estable y capacitado de miembros del Ministerio Público en condiciones de encarar los cada vez más complejos desafíos que plantea la investigación y persecución del crimen”, manifestó el magistrado Jiménez Peña.
Declaró que el nuevo texto fundamental no sólo dio respaldo constitucional a la carrera del Ministerio Público, sino que definió ampliamente su misión o ámbitos de actuación, sus principios rectores, su integración y su órgano de gobierno interno, esto es, el Consejo Superior del Ministerio Público, respecto del cual la disposición transitoria Quinta fijó un plazo de seis mese dentro del cual debía ser puesto en marcha, plazo este que vence este 26 de julio.
Se mostró seguro que los diputados coincidirán con los miembros del Ministerio Público en reconocer que la envergadura del tratamiento que ha recibido esa institución en la Constitución de 2010, define para éste una nueva agenda que obliga a que se opere una reforma integral de la normativa que permita desarrollar la voluntad del constituyente. Dijo que tal reflexión los llevó, inmediatamente después de proclamada la Constitución, a abordar la tarea de elaborar un anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público como solución normativa integral para la adecuación de la vigente Ley 78-03, sobre el Estatuto del Ministerio Público.
En ese sentido, “la Procuraduría General de la República integró un equipo técnico de primer nivel, coordinado por la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, cuyo resultado fue un Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público que fue remitido al Poder Ejecutivo por el suscrito”, indicó.
Dijo que si bien es cierto que la regulación del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público constituye una prioridad en el calendario constitucional, no es menos cierto que la reforma integral a la que hemos venido aludiendo no se agota en el solo aspecto relativo al Consejo Superior del Ministerio Público.
El procurador propuso que la sesión donde los diputados conocerán el proyecto de ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, que calificó de histórica, sea aprovechada para acometer una reforma integral del Ministerio Público.
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