SANTIAGO, R. D.- La Procuraduría General de la República, el Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA) y el Ayuntamiento de aquí trabajarán de manera conjunta a partir de este martes para asegurar la sostenibilidad, así como el mejor funcionamiento y la optimización de la calidad de los servicios que ofrece el Programa de Asesoría Legal Barrial (ALBA), afirmó el procurador Radhamés Jiménez Peña.
La afirmación del magistrado procurador fue externada al rubricar un acuerdo con los titulares de las referidas instituciones, durante un acto celebrado en la sede de CONALBA, ubicada en la calle Proyecto, número 205. "Cada día nos esforzamos más por reducir los índices de violencia y delincuencia y esta iniciativa es una muestra de que el Ministerio Público quiere acercarse a la sociedad", precisó.
En representación de la Procuraduría firmó el doctor Radhamés Jiménez Peña, y por el CONALBA, su presidente, el doctor Príamo Rodríguez, quien también es rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
El convenio también fue firmado como testigos por el síndico de Santiago, José Enrique Sued Sem, y el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad (CDES), ingeniero Hendrik Kelner Casals.
El acuerdo contempla que la Procuraduría General de la República (PGR) dotará a ALBA de un servicio de fiscal adjunto para recibir querellas, hacer mediación y un servicio de Medicina Forense, para dar atención a víctimas de violencia basada en género y maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Esta gestión judicial debe preservar la debida coherencia con las metodologías y herramientas utilizadas en el programa de asesoría legal barrial.
Igualmente, contempla que las unidades judiciales del Ministerio Público de Santiago y los espacios de la sociedad civil articularán procedimientos para la referencia y contrarreferencia de casos.
Además, establece que ALBA continuará dando seguimiento, junto al Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) y la Casa Comunitaria de Justicia, al espacio de prestadores de servicios públicos y privados a víctimas de violencia basada en género y niñez.
Asimismo, establece la creación de un equipo integrado por personal de la Procuraduría y de CONALBA para el monitoreo de las actividades producto del convenio.
El Programa de Asesoría Legal Barrial (ALBA) es una iniciativa que desarrolla el Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA) con el auspicio del Ayuntamiento Municipal y del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad (CDES) junto a autoridades públicas y privadas de la provincia, en la zona sur, con el fin de promover el acceso a la justicia ante los sectores de menores ingresos.
Al acto asistieron, además, la procuradora general de la Corte de Apelación y el fiscal de Santiago, Vielka Calderón, y Raúl Martínez; Carlos Fonder, presidente del Consejo Estratégico para el Desarrollo de Santiago CDES, entre otras personalidades.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Fonder, mientras que la dirigente barrial Criscelis Martínez, agradeció al procurador Jiménez Peña por gestionar que los sectores más necesitados tengan mayor acceso a las informaciones y a la justicia.
La afirmación del magistrado procurador fue externada al rubricar un acuerdo con los titulares de las referidas instituciones, durante un acto celebrado en la sede de CONALBA, ubicada en la calle Proyecto, número 205. "Cada día nos esforzamos más por reducir los índices de violencia y delincuencia y esta iniciativa es una muestra de que el Ministerio Público quiere acercarse a la sociedad", precisó.
En representación de la Procuraduría firmó el doctor Radhamés Jiménez Peña, y por el CONALBA, su presidente, el doctor Príamo Rodríguez, quien también es rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
El convenio también fue firmado como testigos por el síndico de Santiago, José Enrique Sued Sem, y el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad (CDES), ingeniero Hendrik Kelner Casals.
El acuerdo contempla que la Procuraduría General de la República (PGR) dotará a ALBA de un servicio de fiscal adjunto para recibir querellas, hacer mediación y un servicio de Medicina Forense, para dar atención a víctimas de violencia basada en género y maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Esta gestión judicial debe preservar la debida coherencia con las metodologías y herramientas utilizadas en el programa de asesoría legal barrial.
Igualmente, contempla que las unidades judiciales del Ministerio Público de Santiago y los espacios de la sociedad civil articularán procedimientos para la referencia y contrarreferencia de casos.
Además, establece que ALBA continuará dando seguimiento, junto al Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) y la Casa Comunitaria de Justicia, al espacio de prestadores de servicios públicos y privados a víctimas de violencia basada en género y niñez.
Asimismo, establece la creación de un equipo integrado por personal de la Procuraduría y de CONALBA para el monitoreo de las actividades producto del convenio.
El Programa de Asesoría Legal Barrial (ALBA) es una iniciativa que desarrolla el Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA) con el auspicio del Ayuntamiento Municipal y del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad (CDES) junto a autoridades públicas y privadas de la provincia, en la zona sur, con el fin de promover el acceso a la justicia ante los sectores de menores ingresos.
Al acto asistieron, además, la procuradora general de la Corte de Apelación y el fiscal de Santiago, Vielka Calderón, y Raúl Martínez; Carlos Fonder, presidente del Consejo Estratégico para el Desarrollo de Santiago CDES, entre otras personalidades.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Fonder, mientras que la dirigente barrial Criscelis Martínez, agradeció al procurador Jiménez Peña por gestionar que los sectores más necesitados tengan mayor acceso a las informaciones y a la justicia.
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